Sistema penitenciario en contexto con la política criminal
El sistema penitenciario es un componente fundamental de la
política criminal de un país. La política criminal se refiere a las acciones y
estrategias que un gobierno implementa para prevenir y controlar el delito, así
como para tratar a los delincuentes y mantener la seguridad pública.
En el contexto de la política criminal, el sistema
penitenciario cumple varios objetivos. Uno de los principales es el castigo y
la retribución por los delitos cometidos. El encarcelamiento de los
delincuentes es una forma de sancionar sus acciones y enviar un mensaje claro
de que la sociedad no tolerará el comportamiento criminal.
Además del castigo, el sistema penitenciario también busca
la rehabilitación y reintegración de los delincuentes a la sociedad. Esto
implica proporcionar programas y oportunidades de educación, capacitación
vocacional y apoyo psicológico para ayudar a los presos a superar sus
comportamientos delictivos y adquirir habilidades que les permitan llevar una
vida productiva una vez que sean liberados.
Otro aspecto importante de la política criminal relacionado
con el sistema penitenciario es la prevención del delito. Aunque la
encarcelación es una medida para controlar a los delincuentes peligrosos,
también se reconoce que no todos los delitos pueden ser prevenidos o resueltos
únicamente a través de la prisión. Por lo tanto, la política criminal debe
incluir enfoques preventivos como la promoción de oportunidades educativas, el
desarrollo comunitario, el acceso a servicios de salud mental y el abordaje de
las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza y la desigualdad.
Es importante destacar que el sistema penitenciario y la
política criminal deben funcionar de manera coherente y complementaria. Esto
implica que las leyes, políticas y prácticas penales deben estar respaldadas
por una comprensión sólida de la criminología, la evidencia científica y los
principios de justicia. Además, el sistema penitenciario debe estar adecuadamente
financiado y contar con personal capacitado para garantizar la seguridad de los
reclusos, el respeto de sus derechos humanos y la eficacia en la consecución de
los objetivos de la política criminal.
Sin embargo, la prisión no solo causa daño a las personas
que son menos libres, pero también para sus familiares, que están en la mayoría
de las veces perdieron el principal apoyo económico. Incluso cuando los
reclusos restaurar su libertad, para ese estigma social lo acompañó,
encontrando dificultades para seguir el espacio en el mercado laboral deje que
la familia sea necesaria correctamente. Este y muchos otros problemas producir
una serie de preguntas para la conveniencia de la aplicación prisión como
medida de sanciones control y prevención del delito. Sin embargo, la función de
remuneración adoptada por derecho penal, ignorancia existente alrededor del
fenómeno del crimen y presión social, enfatizada en muchos objetivos por los
medios de comunicación, no ha hecho posible visualizar esa otra solución no
separa a los individuos socialmente que se considera responsable de violar orden
social.
Es fundamental que cualquier política criminal y sistema
penitenciario estén en consonancia con los principios de respeto a los derechos
humanos. Las personas privadas de libertad conservan ciertos derechos básicos,
incluso durante su encarcelamiento. Algunos de los derechos fundamentales que
deben ser garantizados en las cárceles incluyen:
- Derecho
a la vida y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes: Las
personas privadas de libertad tienen derecho a ser tratadas con dignidad y
a no ser sometidas a tortura, maltrato o castigos inhumanos o degradantes.
- Derecho
a la salud: Los reclusos tienen derecho a recibir atención médica adecuada
y oportuna, incluyendo acceso a medicamentos, servicios de salud mental y
condiciones sanitarias adecuadas.
- Derecho
a la integridad personal: Las personas privadas de libertad tienen derecho
a la seguridad personal dentro de la cárcel, lo que implica estar
protegidas de la violencia y el abuso por parte de otros reclusos y del
personal penitenciario.
- Derecho
a la libertad de expresión y a la información: Los reclusos tienen derecho
a expresar sus opiniones y a recibir y enviar información, sujeto a
ciertas restricciones razonables basadas en la seguridad y el orden de la
prisión.
- Derecho
a las visitas familiares: Los reclusos tienen derecho a mantener contacto
con sus familiares y ser visitados regularmente, salvo en circunstancias
excepcionales por razones de seguridad o salud.
- Derecho
a la defensa legal: Las personas privadas de libertad tienen derecho a
contar con asesoría legal, a tener acceso a los tribunales y a un juicio
justo.
Es responsabilidad del Estado garantizar que estos derechos
sean respetados en las cárceles y que se brinde un trato humano a los reclusos.
Esto implica establecer políticas y prácticas penitenciarias que estén en línea
con los estándares internacionales de derechos humanos, así como proporcionar
capacitación adecuada al personal penitenciario y asegurar mecanismos efectivos
de supervisión y rendición de cuentas.
Cuando los derechos en las cárceles son violados, se pueden
presentar consecuencias negativas, como el deterioro de la salud física y
mental de los reclusos, el aumento de la violencia y la reincidencia delictiva.
Por lo tanto, es esencial que la política criminal y el sistema penitenciario
promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos y contribuyan a la
rehabilitación y reinserción exitosa de las personas privadas de libertad en la
sociedad.
Bibliografía:
Burgos, A. (2008). El sistema penitenciario costarricense y
sus distintos niveles de atención.
Sistema
Penitenciario y sus distintos niveles de atención..pdf
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