instituciones nacionales

 

las políticas criminales son implementadas y ejecutadas por diversas instituciones nacionales. Algunas de las instituciones más comunes que participan en la formulación y aplicación de políticas criminales son las siguientes:

1. Ministerio de Justicia o Ministerio de Seguridad: Estas instituciones suelen tener la responsabilidad principal de desarrollar y ejecutar políticas criminales. Trabajan en estrecha colaboración con otras agencias y organizaciones relacionadas para garantizar la seguridad pública y la aplicación efectiva de la ley.
2. Ministerio Público o fiscalía general: Encargada de la persecución penal, investiga los delitos y presenta los casos ante los tribunales. Su papel es crucial para garantizar que los delitos sean investigados y que los acusados sean llevados ante la justicia.
3. Poder Judicial: Es responsable de administrar justicia e impartir los fallos judiciales en los casos penales. Los tribunales y los jueces desempeñan un papel fundamental en la aplicación de la política criminal, asegurando que los procesos sean justos y que se cumplan los derechos de las partes involucradas.
4. Instituciones Penitenciarias: Encargadas de administrar y supervisar las prisiones y centros penitenciarios, así como de garantizar el tratamiento y la rehabilitación de los reclusos. Estas instituciones trabajan en colaboración con otras agencias para mantener la seguridad y el orden dentro de las cárceles.
5. Fuerzas de seguridad: Las fuerzas policiales y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley juegan un papel importante en la implementación de las políticas criminales. Su función es prevenir y combatir el delito, investigar los casos y detener a los sospechosos.
6. Comisiones o consejos de justicia y seguridad: Estas instituciones pueden ser establecidas para asesorar al gobierno en la formulación de políticas criminales, coordinar esfuerzos entre diferentes agencias y promover la participación ciudadana en la seguridad y la justicia.

Estas son solo algunas de las instituciones nacionales más comunes involucradas en la implementación de políticas criminales. La estructura y las responsabilidades de estas instituciones pueden variar de un país a otro, dependiendo del sistema legal y de justicia de cada país.

 

Noticia; Reincidencia, reto para proyecto que permitiría a presos salir a trabajar.

Según una noticia de (Ortiz, 2023) continúa el debate sobre el borrador de un proyecto de ley del Ministerio de Justicia para ‘humanizar’ cárceles y que incluye varias medidas para que menos personas estén en prisión, como rebajas de la condena máxima en Colombia, despenalización de algunas conductas, y permisos para trabajar que le permitirían a los presos salir en el día y regresar en las noches a los centros de reclusión”.

El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia para 'humanizar' las cárceles en Colombia es un paso importante en la dirección correcta. La inclusión de medidas destinadas a reducir el número de personas en prisión, como la rebaja de la condena máxima y la despenalización de ciertas conductas, demuestra una comprensión de la necesidad de buscar alternativas a la privación de libertad como respuesta única al delito.

La propuesta de permitir que los presos salgan durante el día para trabajar y regresen a los centros de reclusión por la noche también es una medida innovadora. Esto no solo podría ayudar a preparar a los reclusos para su eventual reinserción en la sociedad, sino que también podría contribuir a su rehabilitación y reducir la sobrepoblación en las cárceles.

Es fundamental reconocer que la humanización de las cárceles no solo beneficia a los reclusos, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad en general. Al brindar a los presos oportunidades para la reintegración y la adquisición de habilidades laborales, se aumentan las posibilidades de una reinserción exitosa, lo que a su vez reduce las tasas de reincidencia delictiva.

Sin embargo, es importante garantizar que estas medidas se implementen de manera responsable y segura, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos y la protección de las víctimas. Un enfoque equilibrado que combine la humanización de las cárceles con la protección de la sociedad es fundamental para el éxito de estas políticas.

En general, este proyecto de ley demuestra un compromiso real por parte del Ministerio de Justicia para abordar los desafíos del sistema penitenciario, fomentar la rehabilitación de los reclusos y promover una justicia más equitativa y humana. Esperemos que estas medidas se conviertan en una realidad y contribuyan a una sociedad más justa y segura para todos.

 

Noticia; Costa Rica pierde su paz: los homicidios aumentaron un 66% en una década

Como nos menciona (Murillo, 2023) La criminalidad está rompiendo récords. Hay más balaceras en las calles y más víctimas colaterales, mientras el ministro de Seguridad recibe críticas por pedir a la población que confronte a los narcotraficantes”

es una preocupación alarmante y refleja una tendencia preocupante en términos de seguridad ciudadana. Es evidente que la criminalidad está rompiendo récords y generando una sensación de inseguridad en la sociedad.

El hecho de que haya más balaceras en las calles y un aumento en las víctimas colaterales es especialmente preocupante, ya que pone en riesgo la vida y el bienestar de personas inocentes que simplemente están tratando de vivir sus vidas diarias. Esto subraya la urgencia de tomar medidas efectivas para abordar este problema y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Es comprensible que el ministro de Seguridad reciba críticas por su llamado a la población para que confronte a los narcotraficantes. Si bien es importante que la ciudadanía se involucre en la lucha contra el crimen, también es necesario que las autoridades brinden las condiciones adecuadas para garantizar su protección y seguridad al hacerlo. La confrontación directa con narcotraficantes puede ser peligrosa y poner en riesgo la vida de las personas sin el respaldo y la coordinación adecuados por parte de las fuerzas de seguridad.

En este sentido, es crucial que el gobierno de Costa Rica tome medidas integrales para abordar las causas fundamentales de la criminalidad y fortalecer el sistema de seguridad. Esto implica invertir en la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad, mejorar la coordinación y la inteligencia para desarticular las redes delictivas, y promover políticas sociales y económicas que aborden las desigualdades y las condiciones que favorecen el crimen.

Es necesario un enfoque multidimensional que involucre a todas las partes interesadas, incluyendo al gobierno, la sociedad civil y la comunidad en general, para enfrentar el desafío de la criminalidad y recuperar la paz perdida. La seguridad ciudadana es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para lograr una sociedad segura y pacífica para todos los costarricenses.

 

 

Bibliografía:

Ortiz, M. (2023). Reincidencia, reto para proyecto que permitiría a presos salir a trabajar.

Debate sobre reincidencia en proyecto para que presos salgan a trabajar - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM

Murillo, A. (2023). Costa Rica pierde su paz: los homicidios aumentaron un 66% en una década

Costa Rica pierde su paz: los homicidios aumentaron un 66% en una década | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)

sistema penitenciario en contexto de la politica criminal

 

Sistema penitenciario en contexto con la política criminal

El sistema penitenciario es un componente fundamental de la política criminal de un país. La política criminal se refiere a las acciones y estrategias que un gobierno implementa para prevenir y controlar el delito, así como para tratar a los delincuentes y mantener la seguridad pública.

En el contexto de la política criminal, el sistema penitenciario cumple varios objetivos. Uno de los principales es el castigo y la retribución por los delitos cometidos. El encarcelamiento de los delincuentes es una forma de sancionar sus acciones y enviar un mensaje claro de que la sociedad no tolerará el comportamiento criminal.

Además del castigo, el sistema penitenciario también busca la rehabilitación y reintegración de los delincuentes a la sociedad. Esto implica proporcionar programas y oportunidades de educación, capacitación vocacional y apoyo psicológico para ayudar a los presos a superar sus comportamientos delictivos y adquirir habilidades que les permitan llevar una vida productiva una vez que sean liberados.

Otro aspecto importante de la política criminal relacionado con el sistema penitenciario es la prevención del delito. Aunque la encarcelación es una medida para controlar a los delincuentes peligrosos, también se reconoce que no todos los delitos pueden ser prevenidos o resueltos únicamente a través de la prisión. Por lo tanto, la política criminal debe incluir enfoques preventivos como la promoción de oportunidades educativas, el desarrollo comunitario, el acceso a servicios de salud mental y el abordaje de las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza y la desigualdad.

Es importante destacar que el sistema penitenciario y la política criminal deben funcionar de manera coherente y complementaria. Esto implica que las leyes, políticas y prácticas penales deben estar respaldadas por una comprensión sólida de la criminología, la evidencia científica y los principios de justicia. Además, el sistema penitenciario debe estar adecuadamente financiado y contar con personal capacitado para garantizar la seguridad de los reclusos, el respeto de sus derechos humanos y la eficacia en la consecución de los objetivos de la política criminal.

Sin embargo, la prisión no solo causa daño a las personas que son menos libres, pero también para sus familiares, que están en la mayoría de las veces perdieron el principal apoyo económico. Incluso cuando los reclusos restaurar su libertad, para ese estigma social lo acompañó, encontrando dificultades para seguir el espacio en el mercado laboral deje que la familia sea necesaria correctamente. Este y muchos otros problemas producir una serie de preguntas para la conveniencia de la aplicación prisión como medida de sanciones control y prevención del delito. Sin embargo, la función de remuneración adoptada por derecho penal, ignorancia existente alrededor del fenómeno del crimen y presión social, enfatizada en muchos objetivos por los medios de comunicación, no ha hecho posible visualizar esa otra solución no separa a los individuos socialmente que se considera responsable de violar orden social.

Es fundamental que cualquier política criminal y sistema penitenciario estén en consonancia con los principios de respeto a los derechos humanos. Las personas privadas de libertad conservan ciertos derechos básicos, incluso durante su encarcelamiento. Algunos de los derechos fundamentales que deben ser garantizados en las cárceles incluyen:

1. Derecho a la vida y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes: Las personas privadas de libertad tienen derecho a ser tratadas con dignidad y a no ser sometidas a tortura, maltrato o castigos inhumanos o degradantes.
2. Derecho a la salud: Los reclusos tienen derecho a recibir atención médica adecuada y oportuna, incluyendo acceso a medicamentos, servicios de salud mental y condiciones sanitarias adecuadas.
3. Derecho a la integridad personal: Las personas privadas de libertad tienen derecho a la seguridad personal dentro de la cárcel, lo que implica estar protegidas de la violencia y el abuso por parte de otros reclusos y del personal penitenciario.
4. Derecho a la libertad de expresión y a la información: Los reclusos tienen derecho a expresar sus opiniones y a recibir y enviar información, sujeto a ciertas restricciones razonables basadas en la seguridad y el orden de la prisión.
5. Derecho a las visitas familiares: Los reclusos tienen derecho a mantener contacto con sus familiares y ser visitados regularmente, salvo en circunstancias excepcionales por razones de seguridad o salud.
6. Derecho a la defensa legal: Las personas privadas de libertad tienen derecho a contar con asesoría legal, a tener acceso a los tribunales y a un juicio justo.

Es responsabilidad del Estado garantizar que estos derechos sean respetados en las cárceles y que se brinde un trato humano a los reclusos. Esto implica establecer políticas y prácticas penitenciarias que estén en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, así como proporcionar capacitación adecuada al personal penitenciario y asegurar mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.

Cuando los derechos en las cárceles son violados, se pueden presentar consecuencias negativas, como el deterioro de la salud física y mental de los reclusos, el aumento de la violencia y la reincidencia delictiva. Por lo tanto, es esencial que la política criminal y el sistema penitenciario promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos y contribuyan a la rehabilitación y reinserción exitosa de las personas privadas de libertad en la sociedad.

 

 

Bibliografía:

Burgos, A. (2008). El sistema penitenciario costarricense y sus distintos niveles de atención.

Sistema Penitenciario y sus distintos niveles de atención..pdf

impacto en el estado

 

Impacto en el estado

La política criminal tiene un impacto significativo en el estado y se refleja en varios aspectos de su funcionamiento y dinámica. A continuación, se presentan algunas formas en las que el impacto de la política criminal se refleja en el estado:

La política criminal influye en la estructura y el funcionamiento del sistema de justicia penal de un estado. Define las leyes, los procedimientos y las políticas que rigen la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los delitos.

haya tenido escaso desarrollo, careciendo de amplio análisis doctrinario y de muy poco abordaje jurisprudencial. Lo anterior es repuesta del desarrollo histórico sobre el tema criminal en Costa Rica, tal y como lo plantea Huhn (2012) cuando señala que: había una clara preocupación pública sobre la criminalidad como problema social durante toda la segunda mitad del siglo xx y éste se parece mucho en sus facetas centrales al discurso actual. Y segundo, este tema se transformó en los años 90 cuando los presidentes expresaron su optimismo acerca de sus políticas contra el crimen y refirieron sus políticas de mano dura contra los criminales. Tercero, finalmente se mostró que la tematización pública y la problematización fueron vinculados con procesos políticos regionales y globales (p. 84).

La configuración de las políticas penales en este país se analizó, porque como está indicado, solo está diseñado a partir de derecho penal individualista clásico, donde las reclamaciones colectivas no encuentran espacio, y aunque pueden tenerlo, no se reconoce ni se le da la importancia de ella es factible. Por el contrario, debido a las características que se muestran en la política penal, se ha configurado desde la perspectiva Contrariamente a la protección de los derechos colectivos, no visibles para ellos en el problema del crimen individuos, solo exponiendo problemas relacionados con el Seguro Social. Con esto, las políticas penales han establecido sus puntos de vista sobre el crimen o ilegal esa influencia intereses individuales, relacionados con la forma tradicional de pensar en el crimen, donde se encuentra la víctima Ciertos sujetos. Al tener un eje del análisis del Centro de Relaciones Criminales-Viktim, Protección Activos especialmente legales relacionados con ciertos intereses, que pueden no ser contemplados efectos sobre los intereses que se propagan y colectivamente, como sucedió con la corrupción política o, cuando violar los derechos relacionados con la diversidad sexual o de género, e incluso los derechos de la misma persona pérdida de libertad, entre muchos otros.

Al final se propuso que el daño social como figura legal es un indicador sociocultural, que entra su construcción une una serie de representaciones sociales que determinan su creación. Pronto ciertos actos criminales pueden causar influencia en los humanos u otras comunidades, lesionando el interés individuos, tanto individuos como colectivos. Se puede decir que la ley penal dio a luz a la responsabilidad civil. Por lo tanto, la preocupación de los hechos que responden al espacio social. En este caso, el crimen es un hecho la ley es una construcción social, que es una definición legal que surge de un grupo en particular orientado proteger sus intereses, todo en la realidad del capitalista que determinan las personas, donde se destacan causas sociales y culturales ubicadas en ciertos momentos y espacios. Sin ignorar la caracterización actual de la sociedad, donde el conflicto es un problema grupo; No solo es posible hablar sobre daños que afectan el carácter de los individuos, sino también que aquellos que influyen en la comunidad, como la contaminación ambiental, los problemas deben entenderse relacionado con los consumidores o la corrupción pública de sus funcionarios. La responsabilidad del daño es un tema muy complejo y amplio, que está relacionado con muchos aspectos vida social

 

 

 

Bibliografía:

Huhn, S. (2012). Criminalidad y discurso en Costa Rica: reflexiones críticas sobre un problema social. San José, Costa Rica: Editorial flacso.

EVOLUCION HISTORICA

 

Inicios en el mundo:

La política criminal tuvo su origen según la dogmática penal a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX en Alemania no se podido precisar cuál es la fuente doctrinaria autorizada para definirla, el punto inicial fue utilizado por el maestro Cesar de Baccaria en los años 1738 y 1774 quien diagnostico esta problemática social en su obra de los delitos y penas condicha obra se propuso encontrar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

La evolución política criminal nos permite analizar el nacimiento de las políticas criminales a nivel mundial, y así de esta manera conseguir el desarrollo armónico de nuestras naciones, la capacidad de los estados para determinar lineamientos que deberán seguirse a fin  de  lograr una  mayor eficacia en la  lucha contra  la delincuencia común y organizada, y establecer mecanismos de prevención que permita erradicar la criminalidad, con una buena estructura jurídica que acceda garantizar los derechos humanos y la inserción del delincuente hacia la sociedad con programas preventivos   a   fin   de   erradicar los diferentes aspectos delincuenciales que aquejan a nuestra sociedad.

México

“La política criminal en el Estado Federal de México en las últimas décadas ha sufrido cambios políticos sociales que han generado limites violencia criminal, ya sean estos delitos convencionales o no convencionales ligadas a organizaciones criminales producto del narcotráfico” (cardenas, 2021)

Lo que lo ubica en el segundo país más violento   en   américa, enmarcado   dentro   de   un   entorno social   altamente determinante caracterizado por los diferentes índices de poblacional dentro de los 31 estados que componen el Distrito Federal de México.

 

Estados unidos

Según Sierra de la Universidad externado de Colombia históricamente, más precisamente antes de 1960, este país contempló como política penitenciaria la finalidad de la sanción penal con corte utilitarista y de tratamiento rehabilitador. En ese entonces su sistema penal se caracterizaba por contar con las denominadas sentencias indeterminadas. Con ellas se permitía que el juez, atendiendo a la situación particular del individuo, impusiera la sanción que a su juicio consideraba más conveniente para el fin resocializador.

 

Colombia

En los últimos años, dentro de los sectores académicos e instituciones públicas, se había construido la creencia según la cual en Colombia no existía una política criminal. Sin embargo, en el año 2012 la Comisión Asesora de Política Criminal diagnosticó que la política criminal en Colombia sí existe, y que se caracteriza por ser reactiva y tendiente al populismo punitivo (Comisión Asesora de Política Criminal, 2012)

Costa Rica

El discurso sobre el delito en Costa Rica en las últimas décadas se ha enfocado en el miedo y la inseguridad ciudadana. El énfasis se ha puesto sobre la delincuencia tradicional, dejando de lado conductas que transgreden el orden social de una forma más sutil pero no menos dañinas, como lo son delitos de cuello blanco y la criminalidad de los poderosos. Los esfuerzos políticos, judiciales y ciudadanos se enfocan en hacer frente a los hurtos, los robos, las estafas, entre otros, se ha convertido al delincuente tradicional en el chivo expiatorio de los problemas sociales.

 

Política criminal siempre intenta prevenir delitos para garantizar los derechos y libertades de la población. El estado hace la política criminal en base a la opinión pública. Para prevenir delitos, la política criminal no solo módifica leyes penales, también modifica leyes administrativas como instaurar el carné por puntos o implantar grandes campañas publicitarias. Centros de atención a familias desestructuradas, charlas en los colegios, etc. También es política criminal.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

Cardenas, M. (2021). Política criminal historia y evolución de la política criminal.

Politica criminal historia y evolucion de la politica criminal - HISTORIA Y EVOLUCION DE LA POLITICA - Studocu

Sierra, C. (s.f). La política criminal en Estados Unidos y prácticas político-criminales similares en Colombia. Universidad externado de Colombia.

Política criminal y abolicionismo, hacia una cultura restaurativa - Capítulo 3. La política criminal en Estados Unidos y prácticas político-criminales similares en Colombia - Universidad externado de Colombia (openedition.org)

Comisión Asesora de Política Criminal (2012). Informe. Diagnóstico y propuesta de lineamientos.

propuestas y los acontecimientos a lo largo de la historia

 

Acontecimientos en el ámbito de la política criminal:

1.      En muchos países, ha habido propuestas de reforma del sistema de justicia penal para abordar temas como el hacinamiento en las cárceles, la reincidencia y la desigualdad racial en el sistema de justicia.

2.      Algunos países han considerado la despenalización o legalización de ciertos delitos o sustancias, como la marihuana, con el objetivo de reducir la sobrepoblación carcelaria y redirigir los recursos hacia enfoques más orientados a la salud pública.

3.       En lugar de centrarse únicamente en la represión y el castigo, muchos países han adoptado un enfoque más amplio que incluye programas de prevención del delito, intervenciones tempranas y oportunidades de reinserción social para delincuentes.

4.      Se han propuesto diversas medidas para mejorar las condiciones de vida en las cárceles y promover la rehabilitación de los reclusos, como programas educativos, capacitación laboral y atención médica adecuada.

5.      Los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y la vigilancia electrónica, han influido en la política criminal, ya sea para mejorar la eficiencia en la aplicación de la ley o para plantear preocupaciones sobre la privacidad y el abuso de poder.

6.      Lucha contra el terrorismo y el crimen organizado: A nivel global, se han implementado políticas y estrategias para combatir el terrorismo y el crimen organizado transnacional, con un enfoque en la cooperación internacional, el intercambio de información y la aplicación de la ley.

Propuestas en el ámbito de la política criminal:

1. Diversas propuestas han surgido para abordar los desafíos y deficiencias del sistema de justicia penal, como la reforma de las leyes de sentencia, la implementación de programas de justicia restaurativa, la promoción de alternativas a la prisión y la mejora de los programas de rehabilitación.
2. Se han presentado propuestas para despenalizar o legalizar ciertos delitos o sustancias, como la marihuana, argumentando que esto puede reducir la sobrepoblación carcelaria y permitir un enfoque más centrado en la salud pública.
3. Propuestas centradas en la prevención del delito incluyen la implementación de programas educativos, actividades extracurriculares, apoyo comunitario y oportunidades de empleo para jóvenes en riesgo, así como medidas para abordar las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza y la desigualdad.
4. Propuestas para mejorar las condiciones de vida en las cárceles y promover la rehabilitación de los reclusos incluyen la implementación de programas de educación, capacitación laboral, atención médica adecuada, acceso a servicios de salud mental y apoyo a la reinserción social después de la liberación.

Actores en el ámbito de la política criminal:

1. Gobiernos nacionales: Los gobiernos son actores clave en la formulación de políticas criminales y la implementación de reformas en el sistema de justicia penal. A través de legislaciones y acciones ejecutivas, los gobiernos pueden proponer y promover cambios en la política criminal.
2. Organizaciones internacionales: Organizaciones como las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) desempeñan un papel importante en la promoción de políticas y estándares internacionales en el ámbito de la política criminal, así como en la asistencia técnica a los países.
3. Organizaciones de la sociedad civil: Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros grupos de la sociedad civil juegan un papel activo en el debate y la promoción de políticas criminales. Estas organizaciones a menudo abogan por la protección de los derechos humanos, la prevención del delito y la reforma del sistema de justicia penal.
4. Académicos y expertos: Los académicos y expertos en el campo de la criminología y la justicia penal a menudo contribuyen con investigaciones, análisis y recomendaciones para informar y respaldar propuestas de políticas criminales basadas en evidencia.
5. Ciudadanos y comunidades afectadas: Los ciudadanos y las comunidades afectadas por las políticas criminales también pueden ser actores importantes en la formulación de propuestas. Su participación puede ayudar a asegurar que las políticas sean sensibles a las necesidades y preocupaciones de aquellos directamente afectados por el sistema de justicia penal

POLITICA CRIMINAL

Definición:

La política criminal de un Estado no solamente está determinada por factores jurídicos, políticos, sociales, culturales o económicos. El factor histórico también tiene un peso importante en la determinación de este tipo de política estatal y Costa Rica no es la excepción. Por esta razón, el presente trabajo realiza en un primer momento un análisis histórico sobre la evolución de las distintas formas de Estado que ha tenido Costa Rica, específicamente la transición del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho.

La aplicación de todos aquellos conocimientos proporcionados por la investigación científica del crimen, del criminal y de la criminalidad, así como de la reacción social hacia ellos, en el intento de evitarlos en forma preventiva, y cuando esto no sea posible, reprimiéndolos.

La política criminal se basa en el reconocimiento de que el delito es un fenómeno complejo y multifactorial, resultado de diversas causas individuales, sociales, económicas y culturales. Por lo tanto, su abordaje requiere de enfoques integrales que no solo se centren en la persecución y sanción de los delitos, sino también en la prevención, rehabilitación y reinserción de los infractores.

la política criminal se refiere al conjunto de decisiones y estrategias adoptadas por un gobierno o entidad encargada de la justicia penal para abordar la delincuencia y mantener el orden social. Una página de política criminal en un medio de comunicación puede proporcionar información y análisis sobre las políticas y acciones relacionadas con el sistema de justicia penal.

                                                                              link

OBJETIVO:

Su función principal se concentra en el establecimiento de los modelos de prevención y de lucha contra el crimen. No obstante, la política criminal no solo se circunscribe a las conductas que se evaluaron como delitos y a las cuales se le asignaron una sanción; implica además, una serie de respuestas extrapenales que se realizan muchas veces con participación de organismos no gubernamentales o grupos sociales, tendientes a la prevención temprana de la criminalidad y en la mayor o menor frecuencia de ciertas formas delictivas; como por ejemplo, programas de educación, de empleo, de socialización, de integración comunitaria, de resolución de conflictos previos a los penalizados, etc.

 

Inversión en seguridad:

 La inversión en seguridad y justicia penal es un aspecto clave de la política criminal. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Costa Rica destinó aproximadamente el 4% de su Producto Interno Bruto (PIB) a gastos en seguridad y justicia en el año 2019.

Sistema Penitenciario:

 El sistema penitenciario costarricense, bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Paz, busca la rehabilitación y reinserción de los internos. Según datos oficiales, en el año 2020, la población penitenciaria en Costa Rica era de aproximadamente 15,000 personas.

Cooperación internacional:

Costa Rica participa activamente en la cooperación internacional en materia de política criminal. El país es signatario de diversos tratados y convenios internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Índices de criminalidad:

Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Costa Rica, los índices de criminalidad han mostrado variaciones en los últimos años. Por ejemplo, en 2020 se registró una disminución en los delitos contra la propiedad, como robos y hurtos, pero se observó un aumento en delitos relacionados con la violencia intrafamiliar.

Organismos que intervienen con la política criminal:Principio del formulario

Ministerio de justicia y paz, ministerio de seguridad pública, poder judicial, organismo de poder judicial (OIJ), instituto nacional de criminología, Además de estos organismos, existen otros actores que también pueden influir en la política criminal, como organizaciones de la sociedad civil, academia, grupos de defensa de derechos humanos y organismos internacionales con los que Costa Rica coopera en temas de seguridad y justicia penal.

Es importante tener en cuenta que la política criminal es un campo complejo y que la influencia de estos organismos puede variar dependiendo del contexto político y las prioridades establecidas en cada período gubernamental.