Definición:
La política criminal de un Estado no solamente está
determinada por factores jurídicos, políticos, sociales, culturales o
económicos. El factor histórico también tiene un peso importante en la
determinación de este tipo de política estatal y Costa Rica no es la excepción.
Por esta razón, el presente trabajo realiza en un primer momento un análisis
histórico sobre la evolución de las distintas formas de Estado que ha tenido
Costa Rica, específicamente la transición del Estado liberal de derecho al
Estado social de derecho.
La aplicación de todos aquellos conocimientos proporcionados
por la investigación científica del crimen, del criminal y de la criminalidad,
así como de la reacción social hacia ellos, en el intento de evitarlos en forma
preventiva, y cuando esto no sea posible, reprimiéndolos.
La política criminal se basa en el reconocimiento de que el
delito es un fenómeno complejo y multifactorial, resultado de diversas causas
individuales, sociales, económicas y culturales. Por lo tanto, su abordaje
requiere de enfoques integrales que no solo se centren en la persecución y sanción
de los delitos, sino también en la prevención, rehabilitación y reinserción de
los infractores.
la política criminal se refiere al conjunto de decisiones y
estrategias adoptadas por un gobierno o entidad encargada de la justicia penal
para abordar la delincuencia y mantener el orden social. Una página de política
criminal en un medio de comunicación puede proporcionar información y análisis
sobre las políticas y acciones relacionadas con el sistema de justicia penal.
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OBJETIVO:
Su función principal se concentra en el
establecimiento de los modelos de prevención y de lucha contra el
crimen. No obstante, la política criminal no solo se circunscribe a
las conductas que se evaluaron como delitos y a las cuales se le asignaron una
sanción; implica además, una serie de respuestas extrapenales que se
realizan muchas veces con participación de organismos no gubernamentales o
grupos sociales, tendientes a la prevención temprana de la criminalidad y
en la mayor o menor frecuencia de ciertas formas delictivas; como por
ejemplo, programas de educación, de empleo, de socialización, de
integración comunitaria, de resolución de conflictos previos a los
penalizados, etc.
Inversión en seguridad:
La inversión en
seguridad y justicia penal es un aspecto clave de la política criminal. Según
datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Costa Rica destinó
aproximadamente el 4% de su Producto Interno Bruto (PIB) a gastos en seguridad
y justicia en el año 2019.
Sistema Penitenciario:
El sistema
penitenciario costarricense, bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia y
Paz, busca la rehabilitación y reinserción de los internos. Según datos
oficiales, en el año 2020, la población penitenciaria en Costa Rica era de
aproximadamente 15,000 personas.
Cooperación internacional:
Costa Rica participa activamente en la cooperación
internacional en materia de política criminal. El país es signatario de
diversos tratados y convenios internacionales, como la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Índices de criminalidad:
Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Costa
Rica, los índices de criminalidad han mostrado variaciones en los últimos años.
Por ejemplo, en 2020 se registró una disminución en los delitos contra la
propiedad, como robos y hurtos, pero se observó un aumento en delitos
relacionados con la violencia intrafamiliar.
Organismos que intervienen con la política criminal:
Ministerio de justicia y paz, ministerio de seguridad pública,
poder judicial, organismo de poder judicial (OIJ), instituto nacional de criminología,
Además de estos organismos, existen otros actores que también pueden influir en
la política criminal, como organizaciones de la sociedad civil, academia,
grupos de defensa de derechos humanos y organismos internacionales con los que
Costa Rica coopera en temas de seguridad y justicia penal.
Es importante tener en cuenta que la política criminal es un
campo complejo y que la influencia de estos organismos puede variar dependiendo
del contexto político y las prioridades establecidas en cada período
gubernamental.
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